La piscina (Por Pedro J. Ramírez)

Reproduzco este artículo que ha publicado Pedro J, porque me parece altamente esclarecedor:


Diputado de ERC, carnet de representante de la soberanía nacional, a punto de asaltar junto a un grupo de "pacifistas" la vivienda de un periodista.

Comenzamos:


Bella, coqueta y sugerente, como una ameba cubista en medio de las rocas hechiceras de Son Servera, hace 35 años, cuando yo acababa el bachillerato en Logroño y nunca había salido de la Península, la piscina ya estaba ahí.

Cuando hace unos años negocié la compra de la vivienda con mis ahorros de dos décadas dirigiendo periódicos, la viuda del anterior propietario -una elegante ave del paraíso llamada Juliana Arioli de Calvo Sotelo- estaba tramitando la renovación de la concesión de carácter privativo que históricamente había tenido la piscina.Yo la animé a que perseverara en el empeño: de ninguna manera el director de EL MUNDO podía tener una piscina ilegal. Aunque le había vencido el plazo, ella había seguido pagando el canon y confiaba en que no habría mayor problema. El Ministerio de Medio Ambiente le contestó, sin embargo, que la renovación no era posible y que sólo cabía otorgarle una nuevaconcesión que, a la luz de la Ley de Costas, debía incluir el uso público, dejando en sus manos que fuera
gratuito o mediante precio.

La piscina es una bañera grande. Es falso que yo haya tocado ni un ladrillo. Mide poco más de 10 metros de largo y un promedio de cinco de ancho. Apenas si caben seis u ocho personas. Sólo es accesible desde el mar y a través de muy incómodos acantilados.Invocar el derecho de paso, como acaba de hacerse ahora, es una entelequia, pues -al margen de que, según la ley, debería existir alguna vía alternativa- no hay ningún lugar al que pasar, excepto nuevos acantilados aún más escarpados e impracticables.

Con los términos de la concesión en la mano, siempre pensé que para que ese teórico uso público pudiera materializarse y fuera compatible con nuestros derechos de ocupación -no en vano pagamos religiosamente un canon- y nuestra seguridad, habría que regularlo en términos estrictos. Si la demanda fuera real y significativa sólo podría satisfacerse mediante precio o lista de espera. Pero, por otra parte, ¿quién iba a querer afrontar tantas incomodidades para bañarse en mi piscina, pudiendo hacerlo en los muy agradables y accesibles parajes de los
alrededores? Cinco años de experiencia nos dieron la misma respuesta que los 30 anteriores: nadie, ni una sola persona, ni una sola vez.

La peripecia administrativa me hizo, sin embargo, interesarme por la Ley de Costas y su correspondiente reglamento. Cuando leí que en la ribera del mar, en la zona de tránsito -seis metros desde el punto más alto al que llegó alguna vez la marea- y en la zona de servidumbre -20 metros más- están estrictamente prohibidas no sólo las piscinas, sino también las viviendas, hoteles y en general cualquier instalación -chiringuitos incluidos- que pueda ubicarse en otro sitio, en un primer momento me quedé atónito, pero enseguida se me abrieron los ojos. La ley del 88, elaborada en el momento álgido de la borrachera de las mayorías absolutas del felipismo, había sido en el sentido más literal del término un brindis al Sol de España, pero nunca habría Gobierno alguno capaz de aplicarla sin desencadenar una revolución social en la que moles de cemento deberían caer por doquier. Como muestra este botón que hoy desabrochamos: según fuentes de la Demarcación de Costas sólo en las Islas Baleares hay en estos momentos
«unas 10.000 instalaciones» privadas en dominio público y «sólo 500» -entre ellas mi piscina- han sido legalizadas con algún tipo de concesión.

Así las cosas, el verano pasado Pedro Serra me mandó sus tonton macoutes. Ahora les contaré lo que pasó, pero déjenme primero introducirles a este Papá Doc que ejerce en la vida balear de señor de horca y cuchillo, cual vestigio del pleistoceno más feudal. Lo del viejo Serra es para verlo y no creerlo. Ni siquiera la endogamia mafiosa de toda insularidad de la que se despoja la nueva Mallorca explica el temor reverencial con que este individuo ha venido controlando a la clase política y empresarial balear por medio de un periódico zafiamente populista de los del Rasque y Gane en la portada y de un panfleto independentista en catalán.

A Serra nunca le ha importado la verdad, ni el interés de Baleares.Sólo acumular como una urraca los cuadros de los
pintores a los que hacía reportajes mientras recibía sus regalos e imponer su derecho de pernada sobre estamentos e instituciones. Una alto cargo, fácilmente identificable, me explicaba las reglas del juego hace tres veranos: «Con Pedro todo está claro. Yo le doy 200 millones al año y él me saca guapa en las fotos».

Frente a la solvencia profesional y empresarial con que se ha comportado siempre nuestro otro competidor y adversario ideológico -el, a nuestros ojos, tantas veces equivocado Diario de Mallorca-, el diario del Rasque y Gane y el panfleto independentista no han sido para Serra sino herramientas de coacción, utilizadas con la falta de escrúpulos de quien cree que el fin justifica los medios. Por eso le sorprendieron haciendo trampas en la OJD y uno de sus colaboradores tuvo que ir a la cárcel por falsificar facturas para él.

En la idealista serie de denuncias y revelaciones sobre los chanchullos del viejo Serra que viene haciendo el director de EL MUNDO-El Día de Baleares, Eduardo Inda, está el origen de las agresiones que mi familia y yo venimos sufriendo con el pretexto de la piscina.A sus treinta y pocos años Inda es uno de los mejores especímenes del grupo de jóvenes periodistas que paulatinamente van cogiendo el relevo de la generación de quienes fundamos EL MUNDO. Forjado en nuestro equipo de investigación, yo me siento reflejado en su determinación, en su falta de complejos, en su entrega apasionada a cumplir con su deber social y es lógico que, aunque los políticos le miren con ese recelo que siempre merece la independencia, cada vez haya más ciudadanos sencillos que valoren y agradezcan lo que está haciendo por Baleares.

Primero les cantó a Serra y a las autoridades implicadas las verdades del barquero sobre el escándalo de Es Baluard, un museo construido y sufragado con dinero público, caprichosamente entregado a Doña Urraca para que pueda a la par satisfacer su cazurro ego provinciano y revalorizar su caótica colección particular. Luego Inda tiró de la manta, revelando que Serra y su yerno se habían reunido a almorzar con el presidente de la comunidad autónoma, la presidenta del Consell Insular y el alcalde de Calvià con el fin de presionarles a favor de la recalificación de unos terrenos mediante una surrealista permuta. Cuando se descubrió el pastel el edil, un regidor íntegro y valiente llamado Carlos Delgado del que Jaume Matas -gran integrador de equipos y de talentos- puede sentirse más que orgulloso, puso pies en pared y con el concurso de la oposición socialista, frustró un pelotazo que para los Serra hubiera rondado los 36 millones de euros.

El día de la boda de Letizia el viejo caimán me exigió que amordazara a Inda y bastó una cortés evasiva mía para que, con los ojos inyectados de ira, me advirtiera que «me habría de enterar».Y así fue. Apenas iniciado el verano llegaron los tonton macoutes del autodenominado Lobby per la Independència de las Illes Balears.Aunque su líder es un colaborador de los diarios de Serra, desde el primer momento exhibieron su propio motivo en notas y declaraciones de prensa: la línea editorial de EL MUNDO que, por ser defensora de la Constitución y la unidad de España, tildaron de «furibundamente anticatalana».

Lo que singularizaba, pues, a mi piscina de las nueve mil y pico restantes no era ni su situación ni su «estatus», sino las ideas de este periódico.

Primero dijeron que yo me había «construido una piscina». Luego, que la piscina era «ilegal». Cuando por fin conocieron los términos de la concesión, hicieron un llamamiento a «todos los mallorquines y mallorquinas» y en especial a una veintena de asociaciones radicales a que acudieran en masa a «nadar a la piscina». Pese a que el delegado del Gobierno prohibió la concentración, ellos convocaron a la prensa y portando banderas independentistas y profiriendo soeces insultos intentaron por primera vez el asalto.El servicio de seguridad del periódico lo impidió y hubo denuncias cruzadas. La suya fue archivada, la nuestra continúa en trámite judicial.

Entonces fue cuando ese individuo indescriptible que lidera el Lobby declaró al periódico del Rasque y Gane que ellos se consideraban «hormigas rabiosas», que me habían elegido a mí porque la línea de EL MUNDO suponía que yo estaba «abusando de la hospitalidad de los mallorquines», que querían hacer un escarmiento porque «golpeas a uno y ahuyentas a veintiuno» y que nunca «aflojarían» en su campaña.

¿Qué podía hacer? ¿Llenar de agentes de seguridad privada el interior del recinto o recurrir a los poderes públicos? Ingenuo de mí, opté por lo segundo y solicité al Ministerio de Medio Ambiente que transformara el carácter de la concesión, sustituyendo el uso público por privativo, aun a costa de la elevación del canon. Invocaba para ello el mismo artículo 101 de la Ley de Contratos del Estado esgrimido por Polanco para transformar la concesión de Canal Plus de codificado en abierto, con la diferencia de que en mi caso sí que se habían producido «circunstancias nuevas» de grueso calibre.


Yo pronostiqué que el Gobierno sería equitativo: que a Polanco le regalarían una televisión en abierto y que a mí me permitirían conservar mi piscina. Segunda ingenuidad: el susodicho artículo se ha estirado como el chicle hasta desnaturalizarlo para pagar los favores del grupo Prisa y a mí me han dado con la inaplicable Ley de Costas en las narices. Cierto es que, dentro de lo malo, el Ministerio de Medio Ambiente me comunicó el 7 de junio una resolución por la que suspendía provisionalmente el uso público de la piscina y me daba tres meses para presentar una propuesta que lo regulara e hiciera compatible con nuestra seguridad.

Al menos tendremos un verano tranquilo -pensé- porque con esta resolución nadie se atreverá a vulnerar la ley y si alguien lo intenta el Gobierno estará ahí para defendernos. Fue mi tercera ingenuidad y la que nos hizo pasar un tan mal trago el pasado sábado día 12 cuando una turba vociferante y violenta de militantes independentistas, liderados por un pimpollo de Esquerra Republicana que esgrimía su carné de diputado de igual guisa que lo hace el comisario político de Doctor Zhivago en el momento de apropiarse de la vieja mansión de la familia de Yuri, arrolló a nuestro servicio de seguridad, se adueñó de la plataforma y contaminó con toda la destilación del odio la mansedumbre de la piscina.

¿Por qué tengo yo que soportar que dentro de mi propia casa me llamen «hijo de puta» delante de mi hija de 14 años, a la que tuve que refugiar dentro de una caseta de seguridad provista con barrotes, pensando que el lógico siguiente paso era que subieran a por nosotros? La respuesta es sencillísima: porque el delegado del Gobierno en Baleares, Ramón Socías, es la perfecta representación del talante, del sentido del Estado y de la política de orden público del Ejecutivo de Zapatero. En un primer momento pensé que había que pedir su dimisión. Recapitulando ahora sobre sus buenas palabras, sus pequeñas y grandes dobleces y sus cordiales promesas incumplidas, lo que formalmente propongo es que se cuente con él para la próxima remodelación ministerial y se le considere para la cartera de Marina. Sobre todo después de que declarara hace seis días al Diario de Mallorca que la Guardia Civil había desobedecido sus órdenes y esto siga sin tener consecuencia alguna.Por eso le he incluido en la querella presentada anteayer ante el Supremo.

Deseo fervientemente que Zapatero no tenga que verter un día las lágrimas de cocodrilo de Manuel Azaña cuando supo que las milicias de sus aliados comunistas habían asesinado al moderado Melquíades Alvarez durante la saca de la cárcel Modelo ante la pasividad de las Fuerzas de Orden Público. Ni los que asaltaron mi domicilio llevaban armas de fuego, ni la inmensa mayoría de los españoles de hoy somos como los de entonces. Hasta ahora siempre me había resistido a hacer estas comparaciones, pero cuando el Gobierno tolera que su socio parlamentario se tome la pretendida justicia por su mano, irrumpiendo en el ámbito familiar de un ciudadano incómodo, al quesimultáneamente la Fiscalía persigue por «desobediente», y el Partido Socialista guarda el hipócrita silencio de los corderos -cuando no justifica lo ocurrido-, están sentando un gravísimo precedente que hace saltar por los aires cualquier sentido de la seguridad jurídica.


A mí la piscina me importa un bledo. No me gusta nadar. Agatha prefiere hacerlo en el mar y a mis hijos, dentro de nada, échales un galgo Vamos a defender, claro está, nuestros derechos y es obvio que nuestra seguridad física debe anteponerse a la materialización de ese uso público pendiente de regular. ¿Cómo piensa después de lo ocurrido el Gobierno protegerla?

De ninguna manera aceptaremos que sobre estos 30 metros de acantilado que cuando yo estaba en el colegio, y sólo mis padres habían ido de viaje de novios a Mallorca, ya ocupaba la piscina, caiga la espada de Damocles de la interpretación más rígida de la Ley de Costas, mientras en los siete millones ochocientos ochenta mil metros restantes del litoral español sistemáticamente se ignora. Porque eso significaría que lejos de ser unos «privilegiados» -como algunos mentecatos nos llaman- seríamos unos perseguidos y unos represaliados políticos.

¿Quiere el Ministerio de Medio Ambiente gastarse el dinero en construir paseos por algunas zonas de la costa? Déjenos unas cuantas semanas para planificar en serio el debate y con ayuda del helicóptero pronto le haremos unas cuantas propuestas. Si, al final, este o cualquier otro Gobierno decide obligar a todos los ocupantes privados del dominio público y la zona de servidumbre a abrir sus piscinas e instalaciones a la ciudadanía e incluso si opta por extirparlas -viviendas y hoteles incluidos- como proponen algunos funcionarios talibanes, pues viva la catarsis y «dinamita pa los pollos». Ahora bien, que no empiecen por la mía.

Porque por lo que yo peleo, y voy a seguir haciéndolo al coste que sea, no es por la piscina, sino por una España segura, tolerante y respetuosa en la que a nadie pueda ocurrirle lo que a nosotros nos ha pasado este verano.