ETA culpable, Gobierno responsable - Por Rosa Díez
ETA culpable, Gobierno responsable
ROSA DIEZ
En febrero del año 2003, pocos días después del asesinato de Joseba Pagazaurtundua, Basta Ya convocó una concentración delante de Ajuria Enea, sede de la Presidencia del Gobierno vasco. Llevábamos una pancarta y un lema: «ETA culpable, Gobierno vasco responsable». Allí, junto a Fernando Savater, María San Gil y todos nosotros, estaban Nicolás Redondo, Javier Rojo, Alfonso Alonso, Mario Onaindía, Ramón Rabanera, Ramón Jáuregui... Y junto a ellos, centenares de ciudadanos defensores del constitucionalismo en el País Vasco. A partir de ese día, todos juntos, como un clamor, empezamos a exigir al Gobierno vasco que asumiera su responsabilidad por haber desarrollado -de espaldas a todos nosotros y rompiendo los consensos básicos- una política que se había mostrado errónea para combatir eficazmente al terrorismo.
Ante nuestra exigencia cívica, de primer curso de democracia, hubo voces -la prensa y los voceros oficiales del nacionalismo vasco- que trataron de demonizarnos por «criticar al Gobierno vasco en vez de ir en contra de ETA». Dirigentes del PNV dijeron que algunos de nosotros «sólo estábamos cómodos cuando ETA mataba». Otros líderes nacionalistas dijeron que teníamos «más interés en que el PNV perdiera las elecciones que en derrotar a ETA». Y otros nos dijeron que «no era el momento de las críticas, sino el de la unidad».
A todos les explicamos que sabíamos bien distinguir entre la culpabilidad y la responsabilidad. Que naturalmente ETA es la culpable en exclusiva de los crímenes, de las extorsiones, de las persecuciones, de las amenazas. Pero que el Gobierno es el responsable de la política que se aplica en la lucha contra el terrorismo y de sus consecuencias. Y que era doblemente responsable en la medida en que había roto un consenso mínimo, el Pacto de Ajuria Enea, y por estar en contra del Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, pacto que se había convertido en el instrumento más útil para combatir y derrotar a ETA.
A todos les explicamos que la asunción de responsabilidades por parte de los gobernantes es el abecé de la democracia, y la exigencia de que las asuman, el abecé de la ciudadanía.
A todos les dijimos que la unidad y el consenso que se nos exigía requiere de una premisa fundamental: que hemos de ponernos de acuerdo sobre lo que queremos hacer juntos. Y que mientras el Gobierno de Ibarretxe no quisiera comprometerse a derrotar a ETA sin ningún tipo de paliativo, mientras creyera que la respuesta a los chantajes había de ser el diálogo, mientras creyera en la política de apaciguamiento con los terroristas, mientras no estuviera dispuesto a aplicar la ley sin ningún tipo de componenda circunstancial, era imposible que camináramos juntos.
Todo eso ocurría en febrero de 2003. Todo eso ocurría en Euskadi. Hoy, salvadas las distancias, podríamos decir que se repite la historia. ETA ha roto la tregua y amenaza con actuar en todos los frentes. Y se escuchan (sintetizando) dos discursos. Uno es el que dice: «La única responsable es ETA. Lo que hay que hacer es apoyar al Gobierno». El otro dice: «El Gobierno debe hacer autocrítica por su política antiterrorista. Para que volvamos a caminar juntos debe fijar su objetivo en la derrota de ETA».
Los defensores del Ejecutivo ponen el grito en el cielo ante el segundo discurso. Acusan a quienes lo hacen (lo hacemos) de tener «más interés en derrotar al Gobierno que a ETA». Y nos recuerdan que «la única responsable es ETA». Parece que la historia siempre se repite, aunque cambien algunos protagonistas. Así que voy a hacer un esfuerzo por resumir y repetir algunos argumentos que nos sirvieron para hacer pedagogía democrática en 2003, cuando tuvimos la osadía de exigir responsabilidades al Gobierno vasco.
La culpable, que no responsable, de romper la tregua es ETA, única y exclusivamente ETA. Pero el Gobierno es enteramente responsable de que esta ruptura se produzca en una situación en la que los movimientos cívicos están mucho más débiles que hace tres años y las instituciones democráticas mucho más fragilizadas -por mor del papelón que han jugado durante todo el proceso desde la Fiscalía a los tribunales y la Abogacía del Estado-, y de que ETA esté mucho más fuerte, más y mejor organizada, con más recursos económicos y humanos, con más comandos operativos y con presencia dentro de las instituciones democráticas.
Es la política del Gobierno la que ha tenido estas consecuencias negativas para los demócratas y positivas para los terroristas. Fue el Gobierno quien optó por cambiar una política antiterrorista que estaba resultando exitosa y que contaba con el apoyo de la inmensa mayoría de los españoles. Fue el Gobierno quien decidió romper un pacto que sumaba a más del 80% del arco parlamentario y sustituirlo por otro que aglutinaba a poco más del 50%. Fue el Gobierno quien decidió romper con una política apoyada por la mayoría de los movimientos cívicos y las asociaciones de víctimas para buscar el aplauso de aquellos que nunca quisieron derrotar a ETA o que incluso piensan que «ETA tiene sus razones». Fue el Gobierno quien decidió explorar la vía del «final dialogado de la violencia», abandonando el compromiso de la firmeza para la derrota de ETA. Y de la misma manera que nunca he cuestionado la legitimidad del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para cambiar de política antiterrorista, si creía que con una diferente iba a conseguir mejores resultados, tenemos el derecho a exigirle que asuma su responsabilidad por el fracaso de la misma. Esto es tan obvio, tan de primero de democracia, que resulta verdaderamente preocupante que haya que explicarlo.
ETA está hoy en mejores condiciones para atentar que hace tres años. Todos los españoles saben -los diferentes medios de comunicación han publicado los informes de los expertos franceses y españoles- que ha aprovechado esta tregua para reorganizarse, para financiarse, para preparar nuevos comandos, para organizar con mayor precisión nuevos atentados. Todo el mundo sabe que durante estos tres últimos años ETA ha pasado de haber perdido la esperanza -recuerden el comunicado desde la cárcel, poco después de que el PSOE ganara las elecciones, de algunos de los presos terroristas más sanguinarios en el que le pedían a la banda que abandonara la violencia «porque ya no iba a ser eficaz»- a permitirse chantajear al Estado. Todo el mundo sabe que el Partido Comunista de las Tierras Vascas y ANV están en las instituciones como consecuencia de esa política de apaciguamiento por la que Zapatero optó. Y todo el mundo sabe que ambos grupos son parte del entramado de ETA. Todos sabemos que la negativa de los responsables del Gobierno a aceptar la existencia de extorsiones y la gravedad de los actos de terrorismo callejero, su empeño en minimizar la importancia de los robos de armas, de los zulos, de la concentración de Aritxulegi con disparos al aire y goras a ETA y el reconocimiento como interlocutores a los dirigentes de Batasuna-ETA, ha dado cobertura social a los cómplices de la banda y les ha permitido reorganizarse con mayor impunidad.
Siempre critiqué la decisión del presidente del Gobierno de cambiar la política antiterrorista. Siempre me pareció un enorme error su insistencia en repetir viejas recetas que ya se habían demostrado fracasadas. Siempre rechacé su decisión de romper con una política que estaba teniendo un enorme éxito para embarcarse en una aventura con más que dudosas expectativas. Aunque nunca pude comprender en qué basaba su expectativa de éxito -que como se ha demostrado era completamente falsa-, no dudo de que el presidente creyera que con su apuesta personal iba a conseguir que ETA desapareciera. No me meteré ahora en más disquisiciones sobre el diferente significado del final dialogado de la violencia y de la derrota de ETA, porque no es ahí a donde hoy quiero llegar. Pero de la misma manera que presupongo la mejor de las voluntades a quien tiene la responsabilidad de dirigir la política antiterrorista, ni quiero ni puedo obviar mi derecho a exigir la asunción de responsabilidades ante el fracaso de esa opción. Así que dejémonos ya de palabras huecas, de fabulaciones, de llamadas vacías al consenso. El nuevo consenso requiere rectificación. Si ésta no se produce, la apelación al mismo es sencillamente una llamada retórica cuyo único objetivo es cubrirse las espaldas ante los ciudadanos y afear la conducta a quienes no estemos dispuestos a decir «amén».
Yo quiero apoyar la política antiterrorista del Gobierno, pero no una que ha provocado esta situación de debilidad democrática y de enorme incertidumbre. Yo quiero apoyar la política antiterrorista del Gobierno, pero no una que le ha servido a ETA para fortalecerse y para volver a las instituciones. Yo quiero apoyar una política antiterrorista que esté basada en un pacto de Estado para derrotar a ETA, pero no apoyaré nunca una que exija cesiones «a unos y otros», como si víctimas y verdugos pudieran ser homologables. Yo quiero apoyar una política antiterrorista que busque la complicidad de los movimientos cívicos, que acredite a las víctimas, que sea implacable con los verdugos y con sus entornos, que proteja social y emocionalmente a los perseguidos. O sea, quiero apoyar al Gobierno, pero no lo apoyaré para que haga lo que ha venido haciendo hasta ahora en esta materia.
Dejémonos de milongas y de frases huecas o políticamente correctas y llamemos a las cosas por su nombre. Quien crea que la política del Gobierno era la correcta aunque no haya tenido éxito, que lo diga, pero sepa que no va a encontrar mi apoyo para seguir aplicando esa misma política: con un experimento ya hemos tenido más que suficiente. Porque conviene que los aficionados al diseño político comprendan que detrás de cada decisión fracasada existe un rostro y un drama humano. Y puedo asegurarles que hoy en el País Vasco hay muchos más niños con miedo por sus padres que hace tres años. Pero si el Gobierno y el PSOE son capaces de rectificar, de hacer autocrítica de fondo, que sepan que estaré la primera para echar una mano. Pero para disimular y repetir la historia, conmigo que no cuenten. La exigencia de autocrítica y rectificación no está derivada de ningún tipo de prurito: en nuestro caso es pura necesidad de supervivencia. Porque sólo si rectifican seremos capaces de reorganizarnos para defendernos del enemigo en las mejores condiciones. No creo que haya que esperar a encontrarse en un funeral.
ROSA DIEZ
En febrero del año 2003, pocos días después del asesinato de Joseba Pagazaurtundua, Basta Ya convocó una concentración delante de Ajuria Enea, sede de la Presidencia del Gobierno vasco. Llevábamos una pancarta y un lema: «ETA culpable, Gobierno vasco responsable». Allí, junto a Fernando Savater, María San Gil y todos nosotros, estaban Nicolás Redondo, Javier Rojo, Alfonso Alonso, Mario Onaindía, Ramón Rabanera, Ramón Jáuregui... Y junto a ellos, centenares de ciudadanos defensores del constitucionalismo en el País Vasco. A partir de ese día, todos juntos, como un clamor, empezamos a exigir al Gobierno vasco que asumiera su responsabilidad por haber desarrollado -de espaldas a todos nosotros y rompiendo los consensos básicos- una política que se había mostrado errónea para combatir eficazmente al terrorismo.
Ante nuestra exigencia cívica, de primer curso de democracia, hubo voces -la prensa y los voceros oficiales del nacionalismo vasco- que trataron de demonizarnos por «criticar al Gobierno vasco en vez de ir en contra de ETA». Dirigentes del PNV dijeron que algunos de nosotros «sólo estábamos cómodos cuando ETA mataba». Otros líderes nacionalistas dijeron que teníamos «más interés en que el PNV perdiera las elecciones que en derrotar a ETA». Y otros nos dijeron que «no era el momento de las críticas, sino el de la unidad».
A todos les explicamos que sabíamos bien distinguir entre la culpabilidad y la responsabilidad. Que naturalmente ETA es la culpable en exclusiva de los crímenes, de las extorsiones, de las persecuciones, de las amenazas. Pero que el Gobierno es el responsable de la política que se aplica en la lucha contra el terrorismo y de sus consecuencias. Y que era doblemente responsable en la medida en que había roto un consenso mínimo, el Pacto de Ajuria Enea, y por estar en contra del Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, pacto que se había convertido en el instrumento más útil para combatir y derrotar a ETA.
A todos les explicamos que la asunción de responsabilidades por parte de los gobernantes es el abecé de la democracia, y la exigencia de que las asuman, el abecé de la ciudadanía.
A todos les dijimos que la unidad y el consenso que se nos exigía requiere de una premisa fundamental: que hemos de ponernos de acuerdo sobre lo que queremos hacer juntos. Y que mientras el Gobierno de Ibarretxe no quisiera comprometerse a derrotar a ETA sin ningún tipo de paliativo, mientras creyera que la respuesta a los chantajes había de ser el diálogo, mientras creyera en la política de apaciguamiento con los terroristas, mientras no estuviera dispuesto a aplicar la ley sin ningún tipo de componenda circunstancial, era imposible que camináramos juntos.
Todo eso ocurría en febrero de 2003. Todo eso ocurría en Euskadi. Hoy, salvadas las distancias, podríamos decir que se repite la historia. ETA ha roto la tregua y amenaza con actuar en todos los frentes. Y se escuchan (sintetizando) dos discursos. Uno es el que dice: «La única responsable es ETA. Lo que hay que hacer es apoyar al Gobierno». El otro dice: «El Gobierno debe hacer autocrítica por su política antiterrorista. Para que volvamos a caminar juntos debe fijar su objetivo en la derrota de ETA».
Los defensores del Ejecutivo ponen el grito en el cielo ante el segundo discurso. Acusan a quienes lo hacen (lo hacemos) de tener «más interés en derrotar al Gobierno que a ETA». Y nos recuerdan que «la única responsable es ETA». Parece que la historia siempre se repite, aunque cambien algunos protagonistas. Así que voy a hacer un esfuerzo por resumir y repetir algunos argumentos que nos sirvieron para hacer pedagogía democrática en 2003, cuando tuvimos la osadía de exigir responsabilidades al Gobierno vasco.
La culpable, que no responsable, de romper la tregua es ETA, única y exclusivamente ETA. Pero el Gobierno es enteramente responsable de que esta ruptura se produzca en una situación en la que los movimientos cívicos están mucho más débiles que hace tres años y las instituciones democráticas mucho más fragilizadas -por mor del papelón que han jugado durante todo el proceso desde la Fiscalía a los tribunales y la Abogacía del Estado-, y de que ETA esté mucho más fuerte, más y mejor organizada, con más recursos económicos y humanos, con más comandos operativos y con presencia dentro de las instituciones democráticas.
Es la política del Gobierno la que ha tenido estas consecuencias negativas para los demócratas y positivas para los terroristas. Fue el Gobierno quien optó por cambiar una política antiterrorista que estaba resultando exitosa y que contaba con el apoyo de la inmensa mayoría de los españoles. Fue el Gobierno quien decidió romper un pacto que sumaba a más del 80% del arco parlamentario y sustituirlo por otro que aglutinaba a poco más del 50%. Fue el Gobierno quien decidió romper con una política apoyada por la mayoría de los movimientos cívicos y las asociaciones de víctimas para buscar el aplauso de aquellos que nunca quisieron derrotar a ETA o que incluso piensan que «ETA tiene sus razones». Fue el Gobierno quien decidió explorar la vía del «final dialogado de la violencia», abandonando el compromiso de la firmeza para la derrota de ETA. Y de la misma manera que nunca he cuestionado la legitimidad del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para cambiar de política antiterrorista, si creía que con una diferente iba a conseguir mejores resultados, tenemos el derecho a exigirle que asuma su responsabilidad por el fracaso de la misma. Esto es tan obvio, tan de primero de democracia, que resulta verdaderamente preocupante que haya que explicarlo.
ETA está hoy en mejores condiciones para atentar que hace tres años. Todos los españoles saben -los diferentes medios de comunicación han publicado los informes de los expertos franceses y españoles- que ha aprovechado esta tregua para reorganizarse, para financiarse, para preparar nuevos comandos, para organizar con mayor precisión nuevos atentados. Todo el mundo sabe que durante estos tres últimos años ETA ha pasado de haber perdido la esperanza -recuerden el comunicado desde la cárcel, poco después de que el PSOE ganara las elecciones, de algunos de los presos terroristas más sanguinarios en el que le pedían a la banda que abandonara la violencia «porque ya no iba a ser eficaz»- a permitirse chantajear al Estado. Todo el mundo sabe que el Partido Comunista de las Tierras Vascas y ANV están en las instituciones como consecuencia de esa política de apaciguamiento por la que Zapatero optó. Y todo el mundo sabe que ambos grupos son parte del entramado de ETA. Todos sabemos que la negativa de los responsables del Gobierno a aceptar la existencia de extorsiones y la gravedad de los actos de terrorismo callejero, su empeño en minimizar la importancia de los robos de armas, de los zulos, de la concentración de Aritxulegi con disparos al aire y goras a ETA y el reconocimiento como interlocutores a los dirigentes de Batasuna-ETA, ha dado cobertura social a los cómplices de la banda y les ha permitido reorganizarse con mayor impunidad.
Siempre critiqué la decisión del presidente del Gobierno de cambiar la política antiterrorista. Siempre me pareció un enorme error su insistencia en repetir viejas recetas que ya se habían demostrado fracasadas. Siempre rechacé su decisión de romper con una política que estaba teniendo un enorme éxito para embarcarse en una aventura con más que dudosas expectativas. Aunque nunca pude comprender en qué basaba su expectativa de éxito -que como se ha demostrado era completamente falsa-, no dudo de que el presidente creyera que con su apuesta personal iba a conseguir que ETA desapareciera. No me meteré ahora en más disquisiciones sobre el diferente significado del final dialogado de la violencia y de la derrota de ETA, porque no es ahí a donde hoy quiero llegar. Pero de la misma manera que presupongo la mejor de las voluntades a quien tiene la responsabilidad de dirigir la política antiterrorista, ni quiero ni puedo obviar mi derecho a exigir la asunción de responsabilidades ante el fracaso de esa opción. Así que dejémonos ya de palabras huecas, de fabulaciones, de llamadas vacías al consenso. El nuevo consenso requiere rectificación. Si ésta no se produce, la apelación al mismo es sencillamente una llamada retórica cuyo único objetivo es cubrirse las espaldas ante los ciudadanos y afear la conducta a quienes no estemos dispuestos a decir «amén».
Yo quiero apoyar la política antiterrorista del Gobierno, pero no una que ha provocado esta situación de debilidad democrática y de enorme incertidumbre. Yo quiero apoyar la política antiterrorista del Gobierno, pero no una que le ha servido a ETA para fortalecerse y para volver a las instituciones. Yo quiero apoyar una política antiterrorista que esté basada en un pacto de Estado para derrotar a ETA, pero no apoyaré nunca una que exija cesiones «a unos y otros», como si víctimas y verdugos pudieran ser homologables. Yo quiero apoyar una política antiterrorista que busque la complicidad de los movimientos cívicos, que acredite a las víctimas, que sea implacable con los verdugos y con sus entornos, que proteja social y emocionalmente a los perseguidos. O sea, quiero apoyar al Gobierno, pero no lo apoyaré para que haga lo que ha venido haciendo hasta ahora en esta materia.
Dejémonos de milongas y de frases huecas o políticamente correctas y llamemos a las cosas por su nombre. Quien crea que la política del Gobierno era la correcta aunque no haya tenido éxito, que lo diga, pero sepa que no va a encontrar mi apoyo para seguir aplicando esa misma política: con un experimento ya hemos tenido más que suficiente. Porque conviene que los aficionados al diseño político comprendan que detrás de cada decisión fracasada existe un rostro y un drama humano. Y puedo asegurarles que hoy en el País Vasco hay muchos más niños con miedo por sus padres que hace tres años. Pero si el Gobierno y el PSOE son capaces de rectificar, de hacer autocrítica de fondo, que sepan que estaré la primera para echar una mano. Pero para disimular y repetir la historia, conmigo que no cuenten. La exigencia de autocrítica y rectificación no está derivada de ningún tipo de prurito: en nuestro caso es pura necesidad de supervivencia. Porque sólo si rectifican seremos capaces de reorganizarnos para defendernos del enemigo en las mejores condiciones. No creo que haya que esperar a encontrarse en un funeral.
