Ni GAL, ni Filesa
Con la última doctrina del Tribunal Supremo en España jamás hubieran llegado a juicio los GAL o el escándalo de corrupción de Filesa. Y es que el Supremo deja en manos del gobierno (la fiscalía) la persecución de los delitos, cargándose la acción popular, garantía de la persecución de los delitos y más si han sido cometidos en los aledaños del poder.
Si hay algo que ha quedado muy claro a lo largo de esta convulsa legislatura zapateril, además de lo vil que es en realidad José Bono, son dos cosas:
1) la "comprensión", por utilizar un término amable, que gran parte de la izquierda siente hacia los marxistas de ETA
2) la absoluta sumisión del poder judicial -sumiso, corporativista y cobarde que ríase usted de cualquier otra profesión; a mí me producen verdadera repugnancia- al poder ejecutivo y legislativo.
O sea, la inexistente separación de poderes, conditio sine qua non para poder hablar de democracia.
Más claro: sin separación de poderes no hay democracia. Y si no hay democracia... ¿qué hay?
Eso sí, no crean que esto se lo achaco en exclusiva al PSOE, que fue quien se cargó la separación de poderes en 1985 cuando modificó la ley -"Montesquieu ha muerto", proclamaba ufano y realista el entonces vicepresidente del gobierno, el hermano de Juan "mienmano"- para permitir que los jueces fueran elegidos por los políticos. No. También el PP, que estuvo ocho años gobernando y no hizo nada -salvo el vergonzoso pacto o enjuague por la injusticia- lleva su parte de responsabilidad.
Y ahora que salgan los de siempre diciendo: "nosotros los demócratas"...
