Como lo tapan, a difundirlo
Un juzgado abre diligencias contra la mujer de Montilla, el cordobés nacionalista, por prevaricación.
Copio la noticia de El Mundo.
EL Mundo.
Sábado, 10 de septiembre de 2005. Año XVII.
Número: 5.751.
TRIBUNALES / Un vecino de Sant Just Desvern denuncia una presunta actuación urbanística ilícita que habría cometido Ana Hernández en el ejercicio de su trabajo como concejal en el Ayuntamiento en 2004 Un juzgado abre diligencias a la esposa de Montilla por prevaricación Ana Hernández es concejal de urbanismo de Sant Just Desvern y fue denunciada por un particular por anomalías en el derribo de unas obras
CAROL ALVAREZ / FELIX MARTINEZ
BARCELONA.- La esposa de José Montilla, el ministro de Industria, ha tenido un tropiezo con la justicia que la llevará ante el juez en las próximas semanas. Ana Hernández ha sido acusada de delitos de prevaricación, malversación y falsedad en documento, todos ellos presuntamente cometidos en el ejercicio de su cargo de concejal de Urbanismo de Sant Just Desvern (Barcelona) y respecto a una misma actuación.
Hernández, que deberá acudir al juzgado asistida por un letrado, al estar imputada en el procedimiento, no quiso ayer hacer declaraciones, pero su abogado, Cristóbal Martell, defendió la legalidad del proceder de la esposa de Montilla.
«No auguro gran éxito al querellante, quien no sólo acometió una obra clandestina e ilegal sino que ha fracasado ya en cuantos pleitos penales y administrativos ha iniciado por idéntico conflicto», explicó ayer Cristóbal Martell.
Al parecer, el querellante ya interpuso años atrás una demanda contencioso-administrativa relacionada con la licencia de obras que le había sido denegada por el Ayuntamiento, y también una querella criminal. La justicia desestimó la una y archivó la otra, según fuentes jurídicas.
«El Ayuntamiento cumple con su obligación y no se someterá a torcidas presiones», aseveró Martell. La denuncia que ha dado pie a la nueva imputación de la esposa de José Montilla por parte del juzgado de instrucción número 3 de Esplugues de Llobregat entronca con aquella iniciativa judicial.
El denunciante, Ernesto Huguet, es un profesional del Derecho con residencia en Sant Just Desvern. Remonta él los hechos objeto de denuncia al 16 de febrero de 2004, fecha en la que se procedió a ejecutar el derribo de unas obras que había realizado en un inmueble de su propiedad y que el mismo Ayuntamiento había desautorizado.
Meses después de la actuación municipal, el Consistorio aprobó la liquidación definitiva de las obras, que había ejecutado una empresa externa contratada a tal efecto. La liquidación la firmó Ana Hernández como concejal de Urbanismo y también la suscribió la jefa del área de Urbanismo, imputada en el procedimiento y defendida igualmente por Martell. En ese montante, se incluyeron unos 1.300 euros por la dirección de obras y la redacción del proyecto de derribo que, al parecer del denunciante, no deberían haber sido girados por ser un trabajo «incluido dentro de sus funciones».
Informe pericial
Además, el denunciante solicitó un informe pericial a un arquitecto que determinó que no había elementos arquitectónicos del inmueble en pie cuando, a tenor de lo consignado en el acta municipal, deberían haber sido derribados, como es el caso de una escalera de caracol metálica. Con todo, Ernesto Huguet señalaba ayer que no hay ninguna animadversión en su denuncia, sino la voluntad de aclarar la actuación «irregular» del Ayuntamiento de Sant Just Desvern. En este sentido, estaría dispuesto a replantearse el futuro de la denuncia, si se demostrara que los hechos responden a un error en la gestión municipal y se le repararan los daños. También hay un proceso contencioso abierto por este asunto.
Otra noticia que tapan es la manifestación que se ha celebrado en Alicante este fin de semana y que ha reunido a 150.000 personas. Impresionante.
