RALLOFONÍAS PSEUDOLIBERALES
Como denunciaba en mi artículo del pasado día 22 de agosto titulado el agua o la vida, se ha instalado en la red un troyano con efectos muy nocivos para la comprensión del liberalismo en la red. Se trata del "phising ideológico" que rodea determinados ambientes liberales y que, a la postre, sólo facilita el trabajo a los antiliberales. Esta suplantación de personalidad no tendría mayores consecuencias si no estuviese avalada por la verborrea de algunos ciber-chamanes que hacen valer la pretendida autoridad que le prestan, quizá ingenuamente, ciertos medios de corte liberal para convertir a sus fieles.
En efecto, en el artículo citado osé criticar a D. Juan Ramón Rallo, articulista de Libertad Digital y miembro del portal liberalismo.org. ¡Anatema! No sabía lo que estaba haciendo. En unos días mi blog recibió colectivas visitas de la cibertribu ancap y se llenó de insultos y comentarios ofensivos. Y es que tuve la osadía de comparar a la secta ancap, como les gusta denominarse, y que vivaquea en la citada web, con las juventudes hitlerianas. Evidentemente mi alusión, tranquilícense señores, es en sentido figurado, no les veo haciendo ejercicio en campamentos de verano de las S.A. Sin embargo, y es lo que denuncio, el grado de fanatismo y misticismo mesiánico al que han llegado los seguidores de este movimiento comienza a ser preocupante.
Volviendo a la crítica de la reseña del Sr. Rallo al libro de Segerfeldt, Water for sale, a la vista de las reacciones provocadas por la misma, debo decir que mi intención era la de poner de manifiesto la sutil manipulación que practica nuestro articulista y que utiliza para recrear el mito del "Gran Mercado". En efecto, en dicha reseña se tacha de socialista a todo aquél que no comulga con la privatización del agua, los que sí lo hacen, sin embargo, son liberales. Más grave todavía es, no tanto la inconsistencia de la argumentación, sino la conclusión a la que llega el sr. Rallo sobre la base de lo escrito por Segerfeldt. Así, el modelo que propone Segerfeldt es el de gestión privada, como nos recuerda acertadamente D. José Carlos Rodríguez en el portal liberalismo.org, modelo con el que no puedo estar más de acuerdo por la mayor eficiencia de los servicios prestados por el sector privado. Pero, el señor Rallo, que dice que no he entendido nada de su reseña, en su vano intento de ser más liberal que nadie, avanza un peldaño más allá para caer en el pozo del sinsentido. Así, afirma que el sistema de concesiones es insuficiente, y aboga por la plena privatización de la propiedad del agua. Mientras todos, incluido Segerfeldt -y las experiencias que se están llevando a cabo así lo corroboran (vid. el caso de Chile)- defienden el dominio público del agua y una gestión privada, el Sr. Rallo nos ilumina con su infalible enfoque naturalista y propugna la propiedad privada del agua convirtiendo su pretendido liberalismo en mera caricatura goyesca. No es lo mismo privatizar los derechos del agua a través de concesiones que privatizar el recurso público, como sucede en materia de telecomunicaciones en España, en donde se ha procedido a privatizar la gestión -aunque, quizás de forma deficiente- pero el espacio radioeléctrico sigue estando sujeto a las reglas del dominio público, mediante un sistema de licencias y autorizaciones al tratarse de un recurso escaso. Y dice que no he entendido nada; quizás es que lo he entendido demasiado bien. Dice: ¿qué tiene que ver la privatización del agua con el anarco-capitalismo? Pues todo, señor mío, todo. Especialmente cuando se falsea la verdad y manipulan los conceptos; esto,me recuerda a la propaganda progre que nos somete al lenguaje de lo políticamente correcto sobre la base de una realidad inventada.
Para apreciar en toda su entidad el problema, hemos de partir de un correcto análisis de los conceptos, especialmente del que se refiere al dominio público. Mezcla intencionada o torpemente nuestro articulista el modelo de gestión del agua con su carácter demanial; es decir, su condición de bien de dominio público sujeto a unos determinadas reglas con arreglo a sus características naturales o de interés general que le hacen merecedor de una especial protección. En este sentido, nos cuenta el Tribunal Constitucional en su sentencia 227/1988, de 29 de noviembre, que: "El bien de dominio público es así, ante todo, res extra commercium, y su afectación, que tiene esa eficacia especial, puede perseguir distintos fines; típicamente, asegurar el uso público y su distribución pública mediante concesión de los aprovechamientos privativos, permitir la prestación de un servicio público, fomentar la riqueza nacional (art.339 Código Civil), garantiza la gestión y utilización controlada o equilibrada de un recurso esencial, u otros similares". La doctrina científica española, así como la fundamental sentencia citada, defiende la existencia de un dominio público natural, es decir una predestinación natural dadas las características especiales de dichos bienes. En contraposición a los bienes patrimoniales del Estado, los bienes demaniales son imprescriptibles, inembargables e inalienables, es decir se excluye el bien afectado del tráfico jurídico privado mediante una serie de reglas. En materia de aguas esta situación se ve consagrada por la Ley de Aguas de 1985, 29/1985, de 2 de agosto, que deroga la legislación anterior que excluía del dominio público las aguas continentales subterráneas. Así, hoy en día, el Texto Refundido de la Ley de Aguas, Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, -aprobado por el muy socialista partido popular-, define como bien de dominio público en su artículo 2:
"Constituyen el dominio público hidráulico del Estado, con las salvedades expresamente establecidas en esta Ley: a) Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovables con independencia del tiempo de renovación. b) Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas. c) Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces públicos. d) Los acuíferos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los recursos hidráulicos. e) Las aguas procedentes de la desalación de agua de mar".
El anterior régimen de dominio público no es incompatible con la existencia de aguas de carácter privado, tal y como se expresa en el artículo 5 del Texto Refundido: "Son de dominio privado los cauces por los que ocasionalmente discurran aguas pluviales en tanto atraviesen, desde su origen, únicamente fincas de dominio particular. Como vemos en el apartado segundo de este mismo artículo esto no permite sin embargo a su propietario a hacer en ellos labores ni construir obras que puedan hacer variar el curso natural de las aguas o alterar su calidad en perjuicio del interés público o de tercero, o cuya destrucción por la fuerza de las avenidas pueda ocasionar daños a personas o cosas". Lo mismo ocurre con las charcas en predios de propiedad privada y que se destinen al uso de la misma. Es decir que en estos casos se garantiza la titularidad privada del agua. En este orden de cosas, el artículo 54 de la Ley permite al propietario de una finca aprovechar las aguas pluviales que discurran por ella y las estancadas, dentro de sus linderos, sin más limitaciones que las establecidas en la presente Ley y las que se deriven del respeto a los derechos de tercero y de la prohibición del abuso del derecho. No se preocupe por tanto el sr. Rallo por su pozo, que va a poder explotar, siempre y cuando esta situación no limite el derecho de su vecino a hacer lo mismo. Porque, y ahí vuelvo a lo que tanto critican los anarco-capitalistas, mi derecho está limitado por los derechos de los demás.
Seguramente el Sr. Rallo preferiría embalsar el agua para disfrutarla en exclusiva o exigir a su vecino un precio exorbitante, o quizás obligarle a regar los tomates con agua embotellada a 30 céntimos de euro la botella. Utilizando su propio símil, si Robinson Crusoe se apropiase de la isla con todos sus recursos, cuando llegase un segundo náufrago este no dispondría inicialmente del derecho a beber sino que debería ganárselo. Si se tratara de Claudia Schiffer todos podemos imaginar el precio del agua. Si, por el contrario, arribase al paraíso de Rallo el pobre Viernes, su única salida para sobrevivir sería la esclavitud o, claro está, declararle la guerra a Crusoe, como gusta solventar sus contradicciones a los ancaps. Este es el paraíso utópico que nos vende el desnortado articulista, la ley del más fuerte en donde idílicamente la ley del mercado funcionaría sin intromisiones ajenas. Me acusa así, siguiendo los métodos de propaganda de la izquierda, de lo mismo que trata de vendernos él, de recrear un paraíso en la tierra. Sin duda alguna todo sería más sencillo sin congéneres de la misma especie, pero eso no es así, por lo que nuestro Robinson deberá cooperar en el marco de una sociedad en donde en ocasiones surgen los conflictos y éstos deben ser solventados por el derecho y por el Gobierno.
En la contestación que hace de mi crítica a la privatización del agua, nuestro articulista mezcla conceptos como el del dominio público con los modelos de gestión, ya lo hemos dicho, la titularidad de un lago no es lo mismo que la asignación de su explotación. Además, pretende hacernos creer que el agua embotellada puede sustituir al agua corriente, lo cual no puede ser más falso. En primer lugar, nos habla de que el consumo de agua medio diario por persona es de 19.000 litros de agua, pero que sólo consumimos 1.300. ¿Es consciente el insigne pensador de lo que está diciendo? Es decir consumimos al año 474.500 litros de agua, o sea, a 30 céntimos el litro: 142.350 euros al año. Si aplicasemos el gasto real de consumo medio diario de agua, 164 litros/día, el coste seguiría siendo desproporcionado, 17.958 euros al año. Es que eso de ducharse con agua de Font Vella sale un poco caro, porque el agua además de para hidratarse cumple funciones de higiene y salubridad de las personas. Me imagino que este lapsus tendrá una explicación, porque una cosa es la capacidad de distribución (superior en todo caso en España a las cifras que se dan) y otra muy distinta el consumo diario medio de agua por habitante.
No es un problema de escasez económica, ésta surge en el momento de aplicar las decisiones; es más bien un problema de mala planificación de los recursos hídricos que abundan en unos sitios y escasean en otros. Las precipitaciones no se distribuyen de forma equitativa. Algunos países como Islandia cuentan con cerca de dos millones de litros de agua por persona y día, mientras en Kuwait dicha cantidad no alcanza los 30 litros. En España no llueve igual en Galicia que en Almería. Por eso es tan importante aplicar los principios de tratamiento integral de los recursos hídricos y de solidaridad intercuencas para evitar situaciones tales como las que se están padeciendo con el Gobierno de Zapatero. Y uno de los obstáculos es la irracional composición y atribución de competencias a las autonomías, y su desequilibrado peso político en las instituciones. Además, de una enfermiza obediencia a la dictadura de lo políticamente correcto sustentada sobre la base de que los pantanos son malos porque la mayoría los hizo Franco, y eso disgusta a los ecologistas y demás progres de salón. Cierto es que cuando hablamos de inversión siempre se presupone que hay escasez económica, por lo que se deben priorizar unas inversiones en detrimento de otras. Es decir interviene en última instancia la voluntad política o empresarial de acometer dichas inversiones. Por ello, se requiere una red de infraestructuras interconectadas mediante las que se trasvasen, haciendo casoomiso de los anatemas ecologistas, las cantidades necesarias de unas zonas a otras y que se tengan en cuenta, además, los incrementos de población como es el caso de la Comunidad de Madrid. Sin que ello sea óbice para que se exija un adecuado uso del agua, potenciando el principio de internalización de los costes y de quien consume paga en consonancia con lo que señala la Directiva Marco del Agua, para evitar el despilfarro del que usted habla en su respuesta, que, no por ser cierto encuentra su solución en la confianza en los idílicamente equilibrados y racionales sistemas de explotación de los empresarios. No es verdad que sin propiedad privada del agua no pueda existir una buena logística y planificación de este recurso; su revolucionaria solución sólo traería más caos y desequilibrios. Resulta cuando menos sorprendente que utilice la misma retórica plañidera de los utópicos y antisistema; las soluciones no suelen encontrarse en la deconstrucción del sistema sino en su mejora tratando de solventar los problemas e ineficiencias concretos con medidas racional y empíricamente realizables.
Valiéndose de la argumentación de Segerfeldt que identifica la comida con el agua no sabía que el hombre tuviese la capacidad de hacer llover como sí la tiene de sembrar, debe formar parte de algún baile ancestral de la tribu ancap - el Sr. Rallo tergiversa las palabras del autor del libro reseñado. Éste simplemente afirma que no existe ningún derecho que justifique la gestión pública del agua -como ya dijimos no es lo mismo gestión que titularidad del bien-. Y efectivamente no existe, sólo se trata de solucionar un conflicto, razón por la que entra en escena el derecho. Porque, como he sostenido siempre, la gestión debería, mediante el sistema de concesión o cualquier otro de los previstos en las leyes, encargase al sector privado, que sin duda lograría mejorar la eficiencia y el desarrollo logístico de las infraestructuras necesarias. Lo que critico es que se abogue por la privatización del agua sin más, sin sujetarlo a la técnica de protección jurídica que se establece para los bienes de dominio público que garantiza un uso racional y para todos del agua. Permítanme volver a la comparación con la privatización del aire:¿ acaso puede alguien limitar su uso o someterlo a la ley de la oferta y la demanda?. ¡Qué gran arma para los totalitarios! Y después me acusan de socialista o algo peor. No, el pan no me vale como argumento, porque es barato y fácil de producir o sustituir. Como tampoco me vale la demagógica exageración que hace de mi argumento sobre Polanco, que no controla todos los medios del mundo, sino, simplemente los suficientes medios en España como para monopolizar las ondas radioeléctricas y dirigir los designios del país. No necesita tan siquiera controlar todos los ríos de España; le basta con el Tajo y el Ebro para convertir en económicamente inviable cualquier trasvase, si a su merced le pluguiera. Eso sí, la confabulación estatista mundial, ésa sí permitiría conceder el monopolio sobre, como dice el sr. Rallo, "toda la tierra, todos los mares y todos los ríos del mundo".
Lo que el señor Rallo plantea es el problema de la escasez, y, de como, si el agua fuese privada, no habría obstáculos por ejemplo para el trasvase del Ebro por el interés o ganancia posible para los propietarios. Si partimos de la base del monopolio, única que podría solventar la construcción y amortización de las infraestrucutras, siempre habría un punto en que el monopolio no produciría beneficios si los precios del agua fuesen demasiado elevados y, por tanto, habría que llegar a un acuerdo entre quien demanda agua y el monopolista (es la teoría de la competencia monopólica de Schumpeter). El problema es de dimensiones: ser dueño del Ebro parece que sea imposible; no es lo mismo que un pozo o una fuente. De hecho, las Comunidades por donde pasa el Ebro están actuando como propietarios privados y por razones políticas se niegan al trasvase con argumentos pseudotécnicos. Por el contrario, si no se tratase de un problema de dimensiones, entiendo que si el propietario del agua (un pozo o una fuente) no quiere vender por las razones que sea, se estáperjudicando económicamente pero el mal no es demasiado grave. Tratándose de otras dimensiones el problema se transforma en político y el gobierno tiene que resolver el conflicto y éste se ha solucionado atribuyendo una suerte de propiedad pública al Estado. En estos casos, como señalaba en las referencias al marco legal de aguas, el Estado se atribuye el dominio público, porque al surgir un conflicto éste interviene estableciendo un régimen especial que permita conciliar los distintos intereses en juego. Nada tiene que ver este supuesto con el de los pozos y manantiales cuyo uso venga unido a la propiedad de la finca y de los que puede disfrutar el propietario de la misma. Lo irracional es que un propietario de un río, que no discurre en una pequeña propiedad privada y que tampoco ha hecho nada para inventar el río, se niegue, dentro de una misma nación a compartirlo racionalmente; es decir, provocando un conflicto político, una enemistad política. Desgraciadamente esto de la política es lo que no entienden los anarco-liberales. Un conflicto se convierte en político cuando alcanza determinada intensidad y ha de abordarse políticamente: atribuyéndose el Estado la titularidad -no la posesión- de los bienes.
En efecto, en el artículo citado osé criticar a D. Juan Ramón Rallo, articulista de Libertad Digital y miembro del portal liberalismo.org. ¡Anatema! No sabía lo que estaba haciendo. En unos días mi blog recibió colectivas visitas de la cibertribu ancap y se llenó de insultos y comentarios ofensivos. Y es que tuve la osadía de comparar a la secta ancap, como les gusta denominarse, y que vivaquea en la citada web, con las juventudes hitlerianas. Evidentemente mi alusión, tranquilícense señores, es en sentido figurado, no les veo haciendo ejercicio en campamentos de verano de las S.A. Sin embargo, y es lo que denuncio, el grado de fanatismo y misticismo mesiánico al que han llegado los seguidores de este movimiento comienza a ser preocupante.
Volviendo a la crítica de la reseña del Sr. Rallo al libro de Segerfeldt, Water for sale, a la vista de las reacciones provocadas por la misma, debo decir que mi intención era la de poner de manifiesto la sutil manipulación que practica nuestro articulista y que utiliza para recrear el mito del "Gran Mercado". En efecto, en dicha reseña se tacha de socialista a todo aquél que no comulga con la privatización del agua, los que sí lo hacen, sin embargo, son liberales. Más grave todavía es, no tanto la inconsistencia de la argumentación, sino la conclusión a la que llega el sr. Rallo sobre la base de lo escrito por Segerfeldt. Así, el modelo que propone Segerfeldt es el de gestión privada, como nos recuerda acertadamente D. José Carlos Rodríguez en el portal liberalismo.org, modelo con el que no puedo estar más de acuerdo por la mayor eficiencia de los servicios prestados por el sector privado. Pero, el señor Rallo, que dice que no he entendido nada de su reseña, en su vano intento de ser más liberal que nadie, avanza un peldaño más allá para caer en el pozo del sinsentido. Así, afirma que el sistema de concesiones es insuficiente, y aboga por la plena privatización de la propiedad del agua. Mientras todos, incluido Segerfeldt -y las experiencias que se están llevando a cabo así lo corroboran (vid. el caso de Chile)- defienden el dominio público del agua y una gestión privada, el Sr. Rallo nos ilumina con su infalible enfoque naturalista y propugna la propiedad privada del agua convirtiendo su pretendido liberalismo en mera caricatura goyesca. No es lo mismo privatizar los derechos del agua a través de concesiones que privatizar el recurso público, como sucede en materia de telecomunicaciones en España, en donde se ha procedido a privatizar la gestión -aunque, quizás de forma deficiente- pero el espacio radioeléctrico sigue estando sujeto a las reglas del dominio público, mediante un sistema de licencias y autorizaciones al tratarse de un recurso escaso. Y dice que no he entendido nada; quizás es que lo he entendido demasiado bien. Dice: ¿qué tiene que ver la privatización del agua con el anarco-capitalismo? Pues todo, señor mío, todo. Especialmente cuando se falsea la verdad y manipulan los conceptos; esto,me recuerda a la propaganda progre que nos somete al lenguaje de lo políticamente correcto sobre la base de una realidad inventada.
Para apreciar en toda su entidad el problema, hemos de partir de un correcto análisis de los conceptos, especialmente del que se refiere al dominio público. Mezcla intencionada o torpemente nuestro articulista el modelo de gestión del agua con su carácter demanial; es decir, su condición de bien de dominio público sujeto a unos determinadas reglas con arreglo a sus características naturales o de interés general que le hacen merecedor de una especial protección. En este sentido, nos cuenta el Tribunal Constitucional en su sentencia 227/1988, de 29 de noviembre, que: "El bien de dominio público es así, ante todo, res extra commercium, y su afectación, que tiene esa eficacia especial, puede perseguir distintos fines; típicamente, asegurar el uso público y su distribución pública mediante concesión de los aprovechamientos privativos, permitir la prestación de un servicio público, fomentar la riqueza nacional (art.339 Código Civil), garantiza la gestión y utilización controlada o equilibrada de un recurso esencial, u otros similares". La doctrina científica española, así como la fundamental sentencia citada, defiende la existencia de un dominio público natural, es decir una predestinación natural dadas las características especiales de dichos bienes. En contraposición a los bienes patrimoniales del Estado, los bienes demaniales son imprescriptibles, inembargables e inalienables, es decir se excluye el bien afectado del tráfico jurídico privado mediante una serie de reglas. En materia de aguas esta situación se ve consagrada por la Ley de Aguas de 1985, 29/1985, de 2 de agosto, que deroga la legislación anterior que excluía del dominio público las aguas continentales subterráneas. Así, hoy en día, el Texto Refundido de la Ley de Aguas, Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, -aprobado por el muy socialista partido popular-, define como bien de dominio público en su artículo 2:
"Constituyen el dominio público hidráulico del Estado, con las salvedades expresamente establecidas en esta Ley: a) Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovables con independencia del tiempo de renovación. b) Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas. c) Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces públicos. d) Los acuíferos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los recursos hidráulicos. e) Las aguas procedentes de la desalación de agua de mar".
El anterior régimen de dominio público no es incompatible con la existencia de aguas de carácter privado, tal y como se expresa en el artículo 5 del Texto Refundido: "Son de dominio privado los cauces por los que ocasionalmente discurran aguas pluviales en tanto atraviesen, desde su origen, únicamente fincas de dominio particular. Como vemos en el apartado segundo de este mismo artículo esto no permite sin embargo a su propietario a hacer en ellos labores ni construir obras que puedan hacer variar el curso natural de las aguas o alterar su calidad en perjuicio del interés público o de tercero, o cuya destrucción por la fuerza de las avenidas pueda ocasionar daños a personas o cosas". Lo mismo ocurre con las charcas en predios de propiedad privada y que se destinen al uso de la misma. Es decir que en estos casos se garantiza la titularidad privada del agua. En este orden de cosas, el artículo 54 de la Ley permite al propietario de una finca aprovechar las aguas pluviales que discurran por ella y las estancadas, dentro de sus linderos, sin más limitaciones que las establecidas en la presente Ley y las que se deriven del respeto a los derechos de tercero y de la prohibición del abuso del derecho. No se preocupe por tanto el sr. Rallo por su pozo, que va a poder explotar, siempre y cuando esta situación no limite el derecho de su vecino a hacer lo mismo. Porque, y ahí vuelvo a lo que tanto critican los anarco-capitalistas, mi derecho está limitado por los derechos de los demás.
Seguramente el Sr. Rallo preferiría embalsar el agua para disfrutarla en exclusiva o exigir a su vecino un precio exorbitante, o quizás obligarle a regar los tomates con agua embotellada a 30 céntimos de euro la botella. Utilizando su propio símil, si Robinson Crusoe se apropiase de la isla con todos sus recursos, cuando llegase un segundo náufrago este no dispondría inicialmente del derecho a beber sino que debería ganárselo. Si se tratara de Claudia Schiffer todos podemos imaginar el precio del agua. Si, por el contrario, arribase al paraíso de Rallo el pobre Viernes, su única salida para sobrevivir sería la esclavitud o, claro está, declararle la guerra a Crusoe, como gusta solventar sus contradicciones a los ancaps. Este es el paraíso utópico que nos vende el desnortado articulista, la ley del más fuerte en donde idílicamente la ley del mercado funcionaría sin intromisiones ajenas. Me acusa así, siguiendo los métodos de propaganda de la izquierda, de lo mismo que trata de vendernos él, de recrear un paraíso en la tierra. Sin duda alguna todo sería más sencillo sin congéneres de la misma especie, pero eso no es así, por lo que nuestro Robinson deberá cooperar en el marco de una sociedad en donde en ocasiones surgen los conflictos y éstos deben ser solventados por el derecho y por el Gobierno.
En la contestación que hace de mi crítica a la privatización del agua, nuestro articulista mezcla conceptos como el del dominio público con los modelos de gestión, ya lo hemos dicho, la titularidad de un lago no es lo mismo que la asignación de su explotación. Además, pretende hacernos creer que el agua embotellada puede sustituir al agua corriente, lo cual no puede ser más falso. En primer lugar, nos habla de que el consumo de agua medio diario por persona es de 19.000 litros de agua, pero que sólo consumimos 1.300. ¿Es consciente el insigne pensador de lo que está diciendo? Es decir consumimos al año 474.500 litros de agua, o sea, a 30 céntimos el litro: 142.350 euros al año. Si aplicasemos el gasto real de consumo medio diario de agua, 164 litros/día, el coste seguiría siendo desproporcionado, 17.958 euros al año. Es que eso de ducharse con agua de Font Vella sale un poco caro, porque el agua además de para hidratarse cumple funciones de higiene y salubridad de las personas. Me imagino que este lapsus tendrá una explicación, porque una cosa es la capacidad de distribución (superior en todo caso en España a las cifras que se dan) y otra muy distinta el consumo diario medio de agua por habitante.
No es un problema de escasez económica, ésta surge en el momento de aplicar las decisiones; es más bien un problema de mala planificación de los recursos hídricos que abundan en unos sitios y escasean en otros. Las precipitaciones no se distribuyen de forma equitativa. Algunos países como Islandia cuentan con cerca de dos millones de litros de agua por persona y día, mientras en Kuwait dicha cantidad no alcanza los 30 litros. En España no llueve igual en Galicia que en Almería. Por eso es tan importante aplicar los principios de tratamiento integral de los recursos hídricos y de solidaridad intercuencas para evitar situaciones tales como las que se están padeciendo con el Gobierno de Zapatero. Y uno de los obstáculos es la irracional composición y atribución de competencias a las autonomías, y su desequilibrado peso político en las instituciones. Además, de una enfermiza obediencia a la dictadura de lo políticamente correcto sustentada sobre la base de que los pantanos son malos porque la mayoría los hizo Franco, y eso disgusta a los ecologistas y demás progres de salón. Cierto es que cuando hablamos de inversión siempre se presupone que hay escasez económica, por lo que se deben priorizar unas inversiones en detrimento de otras. Es decir interviene en última instancia la voluntad política o empresarial de acometer dichas inversiones. Por ello, se requiere una red de infraestructuras interconectadas mediante las que se trasvasen, haciendo casoomiso de los anatemas ecologistas, las cantidades necesarias de unas zonas a otras y que se tengan en cuenta, además, los incrementos de población como es el caso de la Comunidad de Madrid. Sin que ello sea óbice para que se exija un adecuado uso del agua, potenciando el principio de internalización de los costes y de quien consume paga en consonancia con lo que señala la Directiva Marco del Agua, para evitar el despilfarro del que usted habla en su respuesta, que, no por ser cierto encuentra su solución en la confianza en los idílicamente equilibrados y racionales sistemas de explotación de los empresarios. No es verdad que sin propiedad privada del agua no pueda existir una buena logística y planificación de este recurso; su revolucionaria solución sólo traería más caos y desequilibrios. Resulta cuando menos sorprendente que utilice la misma retórica plañidera de los utópicos y antisistema; las soluciones no suelen encontrarse en la deconstrucción del sistema sino en su mejora tratando de solventar los problemas e ineficiencias concretos con medidas racional y empíricamente realizables.
Valiéndose de la argumentación de Segerfeldt que identifica la comida con el agua no sabía que el hombre tuviese la capacidad de hacer llover como sí la tiene de sembrar, debe formar parte de algún baile ancestral de la tribu ancap - el Sr. Rallo tergiversa las palabras del autor del libro reseñado. Éste simplemente afirma que no existe ningún derecho que justifique la gestión pública del agua -como ya dijimos no es lo mismo gestión que titularidad del bien-. Y efectivamente no existe, sólo se trata de solucionar un conflicto, razón por la que entra en escena el derecho. Porque, como he sostenido siempre, la gestión debería, mediante el sistema de concesión o cualquier otro de los previstos en las leyes, encargase al sector privado, que sin duda lograría mejorar la eficiencia y el desarrollo logístico de las infraestructuras necesarias. Lo que critico es que se abogue por la privatización del agua sin más, sin sujetarlo a la técnica de protección jurídica que se establece para los bienes de dominio público que garantiza un uso racional y para todos del agua. Permítanme volver a la comparación con la privatización del aire:¿ acaso puede alguien limitar su uso o someterlo a la ley de la oferta y la demanda?. ¡Qué gran arma para los totalitarios! Y después me acusan de socialista o algo peor. No, el pan no me vale como argumento, porque es barato y fácil de producir o sustituir. Como tampoco me vale la demagógica exageración que hace de mi argumento sobre Polanco, que no controla todos los medios del mundo, sino, simplemente los suficientes medios en España como para monopolizar las ondas radioeléctricas y dirigir los designios del país. No necesita tan siquiera controlar todos los ríos de España; le basta con el Tajo y el Ebro para convertir en económicamente inviable cualquier trasvase, si a su merced le pluguiera. Eso sí, la confabulación estatista mundial, ésa sí permitiría conceder el monopolio sobre, como dice el sr. Rallo, "toda la tierra, todos los mares y todos los ríos del mundo".
Lo que el señor Rallo plantea es el problema de la escasez, y, de como, si el agua fuese privada, no habría obstáculos por ejemplo para el trasvase del Ebro por el interés o ganancia posible para los propietarios. Si partimos de la base del monopolio, única que podría solventar la construcción y amortización de las infraestrucutras, siempre habría un punto en que el monopolio no produciría beneficios si los precios del agua fuesen demasiado elevados y, por tanto, habría que llegar a un acuerdo entre quien demanda agua y el monopolista (es la teoría de la competencia monopólica de Schumpeter). El problema es de dimensiones: ser dueño del Ebro parece que sea imposible; no es lo mismo que un pozo o una fuente. De hecho, las Comunidades por donde pasa el Ebro están actuando como propietarios privados y por razones políticas se niegan al trasvase con argumentos pseudotécnicos. Por el contrario, si no se tratase de un problema de dimensiones, entiendo que si el propietario del agua (un pozo o una fuente) no quiere vender por las razones que sea, se estáperjudicando económicamente pero el mal no es demasiado grave. Tratándose de otras dimensiones el problema se transforma en político y el gobierno tiene que resolver el conflicto y éste se ha solucionado atribuyendo una suerte de propiedad pública al Estado. En estos casos, como señalaba en las referencias al marco legal de aguas, el Estado se atribuye el dominio público, porque al surgir un conflicto éste interviene estableciendo un régimen especial que permita conciliar los distintos intereses en juego. Nada tiene que ver este supuesto con el de los pozos y manantiales cuyo uso venga unido a la propiedad de la finca y de los que puede disfrutar el propietario de la misma. Lo irracional es que un propietario de un río, que no discurre en una pequeña propiedad privada y que tampoco ha hecho nada para inventar el río, se niegue, dentro de una misma nación a compartirlo racionalmente; es decir, provocando un conflicto político, una enemistad política. Desgraciadamente esto de la política es lo que no entienden los anarco-liberales. Un conflicto se convierte en político cuando alcanza determinada intensidad y ha de abordarse políticamente: atribuyéndose el Estado la titularidad -no la posesión- de los bienes.
Ateniéndonos a la realidad práctica, para construir una red de infraestructuras como las que necesita nuestro país, son inevitables la planificación y la financiación públicas, o, de lo contrario, las empresas no podrían abarcar un proyecto de este calibre. La escasez de recursos económicos afecta también a las empresas, y, en mayor medida puesto que su decisión vendrá predeterminada por un frío análisis de coste-beneficio. Es el mismo supuesto que con el de las redes de infraestructuras: ¿quién aborda su construcción si no es el Estado? Imagínense por un momento el mapa de carreteras nacional aplicando la doctrina ancap, ¿se lo imaginan, no? Es obvio, como luego veremos, que el Sr. Rallo, quizás un buen economista, desconoce en cambio el mundo de la Administración y del Derecho, sino, no diría lo que dice sobre el modelo de explotación de las concesiones. ¿Que cómo se le obliga a un concesionario a realizar inversiones? Sencillo, mediante los pliegos de condiciones técnicas del concurso y el correspondiente contrato o autorización de la concesión en donde se establezcan las obligaciones que pesan sobre el mismo. Es tan absurdo e irreal el argumento de que si la explotación dura 20 años y el bien se deprecia a los quince, sólo lo parchearádurante cinco, que me permitiré pasar de puntillas por encima. Yo tenía entendido que existían funcionarios corruptos en las Administraciones Públicas, pero tomarlos por idiotas es un tanto excesivo.
Se mofa nuestro articulista de la relación entre el exceso de protagonismo que han adquirido los feudos autonómicos amparados por el imparable trasvase, éste sí, de competencias y por el reparto de escaños en el Congreso que permite la Ley d´Hondt con el problema del agua en nuestro país. No era consciente yo que el problema del agua en España no se debe en gran medida a la utilización partidista y oligárquica de este recurso: el problema es que no se aplica la Biblia ancap. También, ¡qué torpe he sido!, en no ver que el problema del terrorismo en España, nada tiene que ver con los nacionalismos exacerbados y la actitud de algunos sátrapas regionales ¡Pues no, la es de renegar de la Biblia ancap! Claro, como no había caído antes, si privatizo la seguridad nacional, ETA pasaría a engrosar el elenco de ejércitos privados, y por lo tanto legítimos, a sueldo de los cárteles de la droga vascos. No, si está claro, el rechazo al trasvase se debióa la obstinación de los socialistas del gobierno Aznar a no privatizar el agua y, encima, van y aprueban el refrito de la Ley de Aguas en donde consagran el dominio público.
Para la secta ancap, todo lo que no comulgue con su irracional economicismo recibe la etiqueta de socialista. Todo el que no abraza su dogma de carácter mesiánico es un utópico, porque la suya es la fe verdadera. Yo, pobre de espíritu, mi única fe irracional es la fe en la razón. Cuanto daño pueden hacer estos prestidigitadores del verbo que visten su pobre y nociva ideología con los ropajes de la retórica. No sabe el sr. Rallo qué es el "Gran Mercado". No en el sentido en que los socialistas lo suelen utilizar, porque aborrecen la iniciativa privada y adoran el Estado con beatífica idolatría. Mi denuncia se eleva a esa misma idolatría irracional que se inspira en la creencia errónea de que el mercado inspira todas las acciones humanas y que, por lo tanto, la mejor apuesta por el individuo es la apuesta por ese orden natural de las cosas. El orden natural, al que por cierto se refieren Rothbard y su discípulo Hoppe dando primacía al suborden ético sobre los demás subsistemas de ordenes, incluído el económico. No se trata, en este caso, más que de una ideología anclada en la primitiva filosofía del naturalismo biológico incapaz de separar las decisiones humanas de los hechos como señala Popper en su libro "La sociedad abierta y sus enemigos". Protágoras, primer dualista crítico, enseñóque la naturaleza no conoce normas y que su introducción se debe exclusivamente al hombre. El hombre ha creado así nuevos universos: el lenguaje, la música, la poesía, y, el de mayor importancia, la ética, con su exigencia moral de igualdad, libertad y ayuda a los necesitados. El dualismo crítico es característico de las sociedades abiertas, mientras que el monismo ingenuo, en este caso en su versión naturalista-mecanicista corresponde a una etapa en que no existe todavía distinción entre las leyes naturales y la normativa. Antifonte era un naturalista radical y creía que la mayoría de las normas, no sólo son arbitrarias, sino que son directamente contrarias a la naturaleza. Las normas se imponen desde fuera mientras que las reglas de la naturaleza son inevitables. El naturalismo biológico no ha sido utilizado sólo para defender el igualitarismo, sino también la doctrina antiigualitaria de la regla del más fuerte. Así, el poeta Píndaro sostenía que el más fuerte puede hacer con el más débil lo que le plazca. De tal manera las leyes que protegen a los débiles son además de arbitrarias, una deformación de la verdadera ley natural, que se basa en que los fuertes deben ser libres y los débiles esclavos. Pues bien, la fe ciega en el mercado, -que en sí mismo es un concepto jurídico, no económico-, fuera de su ámbito de actuación como es el de la acción humana en el ámbito de la producción de bienes y servicios, no es para los ancaps más que una derivación del orden natural y cualquier intento por detener su reino en esta tierra es una intolerable imposición. De ahí, las soluciones radicales a las que llegan, solventando los conflictos mediante la contratación de ejércitos privados o amparándose en la ley del más fuerte para justificar las anomalías del mercado. Ese es el Gran Mercadoal que me refiero. El dios al que idolatran estos iluminados de la red. En absoluto, pretendía yo atacar a la figura del empresario, como parece dar a entender el Sr. Rallo para generar las simpatías de sus lectores desde el momento inicial; por el contrario, La ambición es un motor del progreso de la civilización. Lo decía Bernard de Mandeville cuando afirmaba que el propio interés y el deseo de bienestar material, generalmente estigmatizados como vicios, son en realidad los incentivos que producen el bienestar, la prosperidad y la civilización. Y lo ha repetido un liberal como Schoeck.
Decía Hayek en "Camino de servidumbre", nada ha hecho tanto daño a la causa liberal como la rígida insistencia de algunos liberales en ciertas toscas reglas rutinarias, sobre todo en el principio del laissez-faire. Prohibir el uso de ciertas sustancias venenosas o exigir especiales precauciones para su uso, limitar las horas de trabajo o imponer ciertas disposiciones sanitarias es plenamente compatible con el mantenimiento de la competencia. La única cuestión está en saber si las ventajas logradas son mayores que los costes sociales que imponen. Tampoco son incompatibles el mantenimiento de la competencia y un extenso sistema de servicios sociales... Hay, por último ámbitos donde, evidentemente, las disposiciones legales no pueden crear la principal condición en que descansa la utilidad del sistema de la competencia y de la propiedad privada: que consiste en que el propietario se beneficie de todos los servicios útiles rendidos por su propiedad y sufra todos los perjuicios que de su uso resulten a otros. En todos estos casos hay una diferencia entre las partidas que entran en el cálculo privado y las que afectan al bienestar social; y siempre que esta diferencia se hace considerable hay que encontrar un método, que no es el de la competencia, para ofrecer los servicios en cuestión. Así, ni la provisión de las señales indicadoras en las carreteras, ni, en la mayor de las circunstancias, la de las propias carreteras, puede ser pagada por cada usuario individual. En ningún sistema que pueda ser defendido racionalmente el Estado carecerá de todo quehacer. Un eficaz sistema de competencia necesita, tanto como cualquier otro, una estructura legal inteligentemente trazada y ajustada continuamente. ¿Será Hayek un moralista? En ese sentido, entonces yo también lo soy. Pero recordad que el propio Mises, defiende continuamente la civilización, digamos que es su imperativo categórico oculto: ¡No destruyas la civilización!
A mayor escarnio, el articulista trata de ridiculizar mi argumentación sobre la concepción del derecho. No era mi intención dar una definición de lo que es derecho, sino mostrar que las normas no son meras imposiciones del Estado sino que existen para satisfacer determinadas aspiraciones humanas. Es decir, que el derecho es previo al estado e independiente del estado, surgiendo espontáneamente de la realidad social cuando aparecen conflictos. No obstante, se adentra el articulista en el proceloso campo de las definiciones y, en el, para él, desconocido mundo del derecho, para afirmar con su habitual demagogia que los intereses si no son legítimos no valen. Faltaba más. A continuación establece tres razas que no tienen derechos legítimos: los asesinos, los ladrones y los políticos. Ejem...Bueno, no sé qué decir ante tanta perspicacia. Mire usted, señor Rallo, hasta los asesinos y ladrones tienen derechos. ¿Acaso, no se protege la propiedad privada legítima de un ladrón? Lo de los políticos sólo puedo atribuir su inclusión en la nueva categoría de los sin derecho, por la natural aversión de los ancaps a los sistemas democráticos; ya dije en su momento que me recuerdan mucho a las juventudes hitlerianas.
Volviendo a la definición del derecho, debo decir que resulta cansina la letanía que el sr. Rallo recita en versión austriaca. Me pregunto yo, si el derecho salvaguarda las acciones del individuo, las legítimas se sobreentiende, si mi perro muerde a mi vecino he de entender que, o bien, mi perro es humano, o bien, en realidad es mi vecino quien muerde al perro, o bien, que el perro es una mera extensión ficticia de mis molares, o más bien, que usted no sabe de lo que está hablando. Permítame ofrecerle una definición, discutible, pero más acorde con la realidad: "El Derecho es un orden de la conducta humana, generalmente acatado en una determinada sociedad, porque, junto a la certeza y seguridad, trata de realizar otras aspiraciones, y, dentro de éstas, de manera destacada, la justicia". Justicia ha de entenderse aquí no como ideal metafísico o valor absoluto, sino como las exigencias que son generalmente compartidas por todos los miembros de la colectividad, o, al menos la mayoría, compatibles y realizables en la práctica. En este sentido, para Mises el patrón último de la justicia es la tendencia a la preservación de la cooperación social. No hay ciencia normativa o ciencia de lo que debe ser. Incluso bajo este mismo criterio de cooperación social es válida mi tesis del servicio de las leyes a los beneficios del individuo siempre y cuando no afecte a los demás, tal y como defendía Mises en su libro "Teoría e Historia".
Como colofón a lo despotricado ut supra, (despotricar.1. (De des- y potro. ) intr. fam. Hablar sin consideración ni reparo, generalmente criticando a los demás. Ú. t. c. prnl.) en refutación de las cacofonías pseudoliberales de Rallo, permítanme citar a Lord Acton: De todos los frenos de la democracia la federación ha sido el más eficaz y el más adecuado... El sistema federal limita y restringe el poder soberano, dividiéndolo y asignando al Estado solamente ciertos derechos definidos. Es el único método para doblegar, no sólo el poder de la mayoría, sino el del pueblo entero. Quizás le sirva eso para aprehender que el peligro no está en el derecho y las instituciones sino en su mal uso y, que el Estado puede y debe ser controlado en beneficio de la sociedad a la vez que cumple su función protectora en el marco de lo razonable con arreglo a la praxis y tradición de las democracias liberales. Nada que ver con Carod o Zapatero diría Rallo o, quizás, sí sea ése el mal que aqueja a España, por eso el agua se utiliza como arma política por quienes están interesados en la erosión del Estado -por ahora no se vislumbra otra forma de gobierno viable en Europa-, y de la soberanía de la nación española.
Sin razón no hay liberalismo. Y, como decía Tocqueville, la democracia extiende la esfera de la libertad individual. La libertad no es poder como afirman los san-simonianos. Así, Gobierno y leyes son imprescindibles, incluso para un liberal, no así el Estado que no deja de ser una mera forma de gobierno, siendo EEUU el ejemplo de una sociedad con gobierno pero sin Estado. De este modo, la actitud del liberal hacia la sociedad debe ser como la del jardinero que cultiva una planta, el cual, para crear las condiciones más favorables a su desarrollo, tiene que conocer cuanto le sea posible acerca de su estructura y funciones. Los éxitos del liberalismo son lentos pero reales, y se obtienen mediante cierto grado de ingeniería social aplicada al control y reforma de las instituciones. Como nos recuerda Hayek: "Por razón del éxito ya logrado, el hombre se hizo cada vez más reacio a tolerar los males subsistentes, que ahora se aparecían, a la vez, como insoportables e innecesarios. A causa de la creciente impaciencia ante el lento avance de la política liberal, la justa irritación contra los que usaban la fraseología liberal en defensa de privilegios antisociales y la ambición sin límites aparentemente justificada por las mejoras materiales logradas hasta entonces, sucedió que, al caer el siglo, la creencia en los principios básicos del liberalismo se debilitó más y más". Detrás de los que abusan de la palabra Libertad suelen esconderse sus peores enemigos, y eso es lo que trato de denunciar. ¡No destruyáis la civilización!
