Estado inexistente, Justicia injusta y okupas gubernamentales
Ya sabrán todos ustedes a estas alturas lo que está aconteciendo en el granadino pueblo de Jun. Un grupo de okupas-pacifistas ha "okupado" tres edificios, desalojando por la fuerza y a golpe de amenaza a las familias que allí residían.
Este suceso es un claro síntoma de lo que sucede en esta Nación, todavía llamada España: unos vándalos, vistos con simpatía desde tiempo inmemorial por los sectores antisistema del país, entran en una propiedad privada, expulsan de sus hogares a quiénes allí residen y se atrincheran, cual resistencia, en los pisos. Según el Alcalde de Jun (PSOE) a él lo han amenazado de muerte con una pistolita (ya saben que en España sólo tienen armas las FSE y los delincuentes; los ciudadanos y contribuyentes honrados y respetuosos con la ley, no).
Y resulta que la situación lleva prolongándose ya casi una semana. Y nadie hace nada. Los okupas dicen que el Gobierno los ampara y sacan recortes con el borrador de la estalinista ley del suelo socialista que pretende expropiar pisos vacios. Y tienen razón, ya que ese borrador supone asaltar coactivamente la propiedad privada. Lo mismo que hacen los okupas.
Tres propietarios habían presentado denuncia ante el Juzgado por ocupación ilegal. Los 3 ciudadanos en cuestión son propietarios de la mayoría de los 40 pisos ocupados.
¿Qué hace la justicia? Pues nada efectivo. Manda a la policía a que les tome declaración y los cite para acudir mañana al Juzgado para que puedan "presentar las alegaciones que consideren oportunas para justificar la ocupación" (sic).
La Guardia Civil se encuentra apostada frente a las viviendas, para evitar que se produzcan altercados (o sea, ante el temor de que algún propietario expropiado se líe a guantazos con estos delincuentes).
En cualquier país democrático y medianamente serio a estas horas los okupas estarían ya entre rejas, porque el Estado, responsable de la seguridad de los ciudadanos ( y para eso, entre otras cosas, pagamos impuestos) ya se habría encargado de detener a estos delincuentes y devolver la propiedad a sus legítimos dueños.
En cualquier país democrático el delegado del Gobierno y algún político más ya habrían presentado su dimisión por inútiles.
En cualquier país democrático el Estado, las FSE de él dependientes y la Justicia no dejarían desamparados a los legítimos propietarios.
Pero en España no.
En España los okupas no hacen sino ejecutar de forma práctica las propuestas gubernamentales de acoso a la propiedad privada.
Y la Justicia no hace nada. Será porque no existe.
En España sólo se protegen los derechos y garantías procesales de los delincuentes.
Si es usted un ciudadano honrado, que paga sus impuestos, no espere amparo ni del Gobierno ni de la Justicia.
En España ni hay democracia, ni hay Justicia, ni hay Estado. Esto es la ley de la selva.
Y mientras tanto, 24 familias siguen en la calle. Podrían alojarlas en los mismos hoteles en los que, a día de hoy, siguen alojadas las víctimas de la negligencia del tripartito: los propietarios de viviendas del Carmelo.
Luego, algunos, se sorprenden del auge de algunos anarquismos. Si es que dan ganas, joder...
Aquí les dejo un enlace a un blog que ha tratado el tema con humor, pero que lleva más razón que un santo.
Finalmente, y en otro orden de cosas pero no menos graves, aquí les dejo el comunicado que, vía Libertad Digital, me entero ha emitido la Cadena COPE:
Ante "la persecución política y mediática" que está sufriendo la Cadena COPE, la emisora de la Conferencia Episcopal ha emitido un comunicado de ocho puntos para responder a los insultos y calumnias que han sufrido en los últimos días.
1. Se está utilizando la calumnia y el chantaje para suprimir una voz crítica que se opone a determinados proyectos legislativos y decisiones de gobierno, dentro de lo que es la dinámica habitual en una democracia.
2. La Cadena COPE defiende la Constitución española y los valores que consagra, entre ellos la libertad de expresión
3. Es inaceptable que la crítica al proyecto de reforma del Estatuto catalán, sea presentada como un ataque a Cataluña y los catalanes
4. La Cadena COPE manifiesta un respaldo total a sus comunicadores y profesionales, así como a nuestros anunciantes, que están siendo objeto de acoso, insultos y descalificaciones, por el simple hecho de realizar su trabajo en libertad.
5. Advertimos de que esta campaña se va a intensificar. En este contexto, existe el peligro real de que en alguna Comunidad Autónoma se intente adoptar una decisión política para no renovar licencias radiofónicas y ahogar así la voz de la Cadena COPE en dicha Comunidad, lo que supondría un ataque a la libertad de expresión, sin precedentes en nuestra reciente historia democrática, y a la actual legislación, que establece que las frecuencias radiofónicas se renovarán salvo falta grave, cosa que nunca ha sucedido.
6. Queremos decir a la opinión pública española y a nuestros oyentes que la Cadena COPE seguirá ejerciendo sin desaliento el derecho a la libertad de expresión consagrado en nuestra Constitución y defendiendo el derecho de nuestra audiencia a seguir escuchándonos.
7. Renovamos nuestro compromiso con los valores del humanismo cristiano en el Ideario de la Cadena COPE, entre ellos la defensa del valor sagrado de toda vida humana, de la familia basada en el auténtico matrimonio, y de la libertad religiosa y de educación. Estos valores constituyen la columna vertebral de nuestra identidad como medio de comunicación.
8. No nos van a callar, ni vamos a callar. Agradecemos las numerosas muestras de apoyo y solidaridad que estamos recibiendo por parte de nuestra audiencia. Su ánimo y su fidelidad son el mejor estímulo para continuar nuestra tarea
Lean el artículo que Jiménez Losantos, uno de los locutores de COPE acerca del cual el Periódico de Franco hizo una biografía oficioso-tendenciosa, ha escrito en Libertad Digital.
Les contaré que el resto de radios (SER, Onda Cero y Radio Blanca) ya enviaron un escrito a la Generalidad hace un mes para que se respetaran las concesiones que tiene la COPE en el gulag del Tripartito.
El PP ya ha pedido la comparecencia del ministro Montilla, bachiller.
