La corrupción de la Justicia
Alfonso Guerra, nos avisó, en su día, anunciando la muerte de Montesquieu y de la división de poderes, fundamento de toda democracia moderna. Con la creación del Consejo General del Poder Judicial se comenzó a politizar y a fusionar el poder judicial con el político. Contrariamente a lo que difunden los políticos y sus respectivos medios afectos, no existe un problema de judicialización de la política, sino al revés. Esa impresión, que trataron de generalizar en los albores de la década de los noventa algunos cargos socialistas, era sólo una cortina de humo destinada a encubrir su pútrida corrupción.
Lo cierto es que, sentencia tras sentencia, comprobamos cómo los jueces se mueven inoculados por el virus de la carguitis, deseosos de agradar al poderoso. Por el contrario, con el débil, el no influyente, suelen mostrar una prepotencia digna del peor sátrapa oriental.
Sabedores de ese mal que aqueja la Justicia y de la facilidad en controlar sus resortes, los nacionalistas pretenden ampliar su cuota de poder hasta las últimas instancias. De esa guisa nada escaparía a su control. Por ello, también, el Estatutazo.
Como botón de muestra, resalta la absolución de AtuCHa por parte del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por desobedecer las órdenes del Supremo en relación con la disolución del grupo etarra en el Parlamento Vasco. De la boina se sacan los tres magistrados liberticidas, Pablo Sesma de Luis, Luis Javier Murgoitio Estefanía y Juan Carlos Iturri Gárate, una presunta inviolabilidad parlamentaria. Según su sesgado criterio, al tratarse de actos parlamentarios no pueden sujetarse al control jurisdiccional, con lo que además le están diciendo al Supremo, órgano que debe revisar la sentencia del TSJPV, que él tampoco puede intervenir. Curiosa interpretación de la inviolabilidad parlamentaria.
En el artículo 71 de la Constitución Española, ese texto que vascos y catalanes usan para sonarse los mocos, se recoge la figura de la inviolabilidad parlamentaria, además de su inmunidad, en los siguientes términos:
Es decir, además de gozar de inmunidad por los delitos que cometan, lo que obliga a solicitar previamente la autorización de su respectiva Cámara, disponen de plena libertad para manifestar cuanto les plazca en el ámbito de de sus funciones. Nada extraño, por tanto, que se proteja algo tan elemental como la libertad de expresión y crítica en los escaños, pero muy distinto al caso AtuCHa. Precisamente lo que se dirime no son unas manifestaciones del anterior Presidente de la Cámara vasca, sino un posible delito cometido por éste. La inviolabilidad de la persona sólo está prevista, por el contrario, para la figura del Rey que no puede ser inculpado por delito alguno. No es el caso de AtuCHa o de cualquier Parlamentario que habiendo cometido un delito, en este caso sería el de desobediencia a las órdenes del Tribunal Supremo, debe ser juzgado. Porque los Parlamentarios no están por encima de las leyes. Precisamente el control jurisdiccional de la acción de gobierno o del conjunto de las instituciones es una labor esencial en cualquier democracia liberal. Yo diría que es la propia esencia del sistema democrático, el que la acción de gobierno y del Parlamento esté sujeta al control de legalidad. Sólo en Cuba, en Corea del Norte, o en países en donde reina la absoluta impunidad de los poderosos puede sostenerse la tesis inconstitucional y prevaricadora avalada por el TSJPV.
La igualdad ante la Ley es un requisito básico de nuestro sistema y, tanto la izquierda, mediante una acción premeditada de demolición, como la derecha, con sus melindrosos Pactos por la Justicia, han enseñado la vía a los nazionalistas. Todos somos iguales ante la Ley, y los políticos no pueden escabullirse de este principio fundamental inherente a todo régimen democrático.
Lo cierto es que, sentencia tras sentencia, comprobamos cómo los jueces se mueven inoculados por el virus de la carguitis, deseosos de agradar al poderoso. Por el contrario, con el débil, el no influyente, suelen mostrar una prepotencia digna del peor sátrapa oriental.
Sabedores de ese mal que aqueja la Justicia y de la facilidad en controlar sus resortes, los nacionalistas pretenden ampliar su cuota de poder hasta las últimas instancias. De esa guisa nada escaparía a su control. Por ello, también, el Estatutazo.
Como botón de muestra, resalta la absolución de AtuCHa por parte del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por desobedecer las órdenes del Supremo en relación con la disolución del grupo etarra en el Parlamento Vasco. De la boina se sacan los tres magistrados liberticidas, Pablo Sesma de Luis, Luis Javier Murgoitio Estefanía y Juan Carlos Iturri Gárate, una presunta inviolabilidad parlamentaria. Según su sesgado criterio, al tratarse de actos parlamentarios no pueden sujetarse al control jurisdiccional, con lo que además le están diciendo al Supremo, órgano que debe revisar la sentencia del TSJPV, que él tampoco puede intervenir. Curiosa interpretación de la inviolabilidad parlamentaria.
En el artículo 71 de la Constitución Española, ese texto que vascos y catalanes usan para sonarse los mocos, se recoge la figura de la inviolabilidad parlamentaria, además de su inmunidad, en los siguientes términos:
1. Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por la opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.
2. Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva.
3. En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo
Es decir, además de gozar de inmunidad por los delitos que cometan, lo que obliga a solicitar previamente la autorización de su respectiva Cámara, disponen de plena libertad para manifestar cuanto les plazca en el ámbito de de sus funciones. Nada extraño, por tanto, que se proteja algo tan elemental como la libertad de expresión y crítica en los escaños, pero muy distinto al caso AtuCHa. Precisamente lo que se dirime no son unas manifestaciones del anterior Presidente de la Cámara vasca, sino un posible delito cometido por éste. La inviolabilidad de la persona sólo está prevista, por el contrario, para la figura del Rey que no puede ser inculpado por delito alguno. No es el caso de AtuCHa o de cualquier Parlamentario que habiendo cometido un delito, en este caso sería el de desobediencia a las órdenes del Tribunal Supremo, debe ser juzgado. Porque los Parlamentarios no están por encima de las leyes. Precisamente el control jurisdiccional de la acción de gobierno o del conjunto de las instituciones es una labor esencial en cualquier democracia liberal. Yo diría que es la propia esencia del sistema democrático, el que la acción de gobierno y del Parlamento esté sujeta al control de legalidad. Sólo en Cuba, en Corea del Norte, o en países en donde reina la absoluta impunidad de los poderosos puede sostenerse la tesis inconstitucional y prevaricadora avalada por el TSJPV.
La igualdad ante la Ley es un requisito básico de nuestro sistema y, tanto la izquierda, mediante una acción premeditada de demolición, como la derecha, con sus melindrosos Pactos por la Justicia, han enseñado la vía a los nazionalistas. Todos somos iguales ante la Ley, y los políticos no pueden escabullirse de este principio fundamental inherente a todo régimen democrático.
