La esposa del fiscal jefe de Murcia fue la abogada del PSOE en casos investigados por su marido sobre el PP

La utilización del aparato del Estado para perseguir a gobernantes del PP empieza a mostrar algo más que indicios. La Verdad revela que la cruzada del fiscal del Tribunal Superior de Murcia contra la corrupción ha contado con la asistencia de los intereses profesionales de su esposa, abogada del PSOE en varias denuncias de expedientes urbanísticos contra los que su marido ordenó abrir diligencias investigadoras. El PP interpelará al fiscal general del Estado sobre esta relación.

(Libertad Digital) El celo fiscalizador contra las prácticas de gobierno de altos cargos del PP ha conseguido involucrar en Murcia no sólo al fiscal del Tribunal Superior, nombrado en enero por Candido Conde-Pumpido, sino a su esposa abogada. El diario La Verdad publica este domingo que la letrada Amparo Hornillos Urquiza representó al PSOE en varias denuncias por supuestos casos de corrupción de gobernantes del PP, para las que su marido, Manuel López Bernal, ordenó la apertura de pesquisas investigadoras.

Según la misma fuente periodística, "López Bernal ordenó abrir diligencias informativas ante las denuncias de supuesto tráfico de influencias por parte del PP" en la adjudicación de las obras de un aparcamiento por el Ayuntamiento de Murcia. La abogada y su marido han puntualizado que ella renunció a seguir representando a los socialistas justo antes de que él tomase posesión de su puesto, el pasado 11 de enero.

"Lo hice por cuestiones de ética, renunciando expresamente a ese cliente antes de que mi marido tomara posesión del cargo", ha explicado Amparo Hornillos.

Desde su acceso al cargo, Manuel López Bernal ha abierto trece diligencias de investigación por supuestos escándalos urbanísticos, siempre relacionados con cargos públicos del PP de la Comunidad de Murcia. López Bernal, de 55 años, es miembro de la minoritaria Asociación Progresista de Fiscales.

Poco después de tomar posesión de su cargo, el fiscal del TS de Murcia se mostró partidario de la suspensión cautelar de cualquier obra sometida a fiscalización. En declaraciones a Efe, López Bernal calificó los convenios urbanísticos que firman los ayuntamientos de Murcia con empresas constructoras y promotores como focos de "un peligro evidente" de corrupción, ya que, a su juicio, a través de esta figura "se pueden saltar" la Ley de Contratos del Estado, evitar la licitación de obras públicas y concederlas "a dedo" en contra de la libertad de concurrencia de empresas.

Desde Libertad Digital.

Pues parece que lo de la desmemoria histórica no es sólo cosa de retirar estatuas...